POR FÉLIX BAUTISTA: Democracia participativa

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La democracia no es únicamente lo que decida la mayoría, sino que implica la protección y el respeto de las minorías. De ahí, la importancia de garantizar la participación de esas minorías, en las decisiones de políticas públicas, a través de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Constitución dominicana del 13 de junio de 2015. A esta participación se le denomina como Democracia Participativa.

La Democracia Participativa es un concepto que se discute ampliamente en los estados modernos. Es tomar parte en la democracia y asumir un papel activo de esa pertenencia. Persigue establecer una sinergia entre gobernantes y gobernados. Es la máxima expresión de la soberanía popular y del ejercicio de la ciudadanía. Se fundamenta en la defensa de la autonomía humana y en el ejercicio participativo. Permite que la población se convierta en un contrapeso del poder que actualmente ejercen los partidos políticos. En fin, el concepto de democracia participativa se refiere a la capacidad real de los ciudadanos de decidir sobre los asuntos neurálgicos de la vida pública de una nación.

Hoy día, las constituciones progresistas han establecido mecanismos de participación ciudadana para el ejercicio de la democracia participativa. La democracia participativa engloba en sí misma aspectos no sólo en el campo de lo jurídico, sino también en lo social, buscando favorecer la creación de una sinergia entre gobernantes y gobernados, en donde estos últimos se involucren activamente y no sean solamente receptores pasivos de las decisiones de los primeros.

Es por ello que se entiende que para que exista una verdadera democracia participativa deben existir en un Estado Social, un Estado Democrático y un Estado de Derecho y elementos estructurales que permitan su ejercicio: existencia de un  contexto de libertades políticas y sociales; disponibilidad de canales de participación que sean efectivos; fortalecimiento de las democracias locales a través de los gobiernos locales; existencia de organizaciones sociales no gubernamentales que sirvan como canales de participación para multiplicar las opiniones y estimular el debate democrático que promuevan la conciencia social; capacidad de los gobernantes de aceptar críticas y ser receptivos de las sugerencias hechas por parte de la sociedad; y  el fomento de la descentralización.

La democracia participativa plantea una evolución de una democracia formal, política, a una democracia real, económica y social, en la que los sujetos, el espacio, la forma y el objeto de la participación sean redefinidos en función de la calidad de la convivencia. La democracia participativa cuestiona el poder y la forma en que es ejercido, y plantea una redistribución de ese poder para que todos los miembros de un Estado sean partícipes del mismo.

Los objetivos de la democracia participativa para Igor Ahedo Gurrutxaga y Pedro Ibarra Güel son: lograr “un poder auténticamente democrático; la igualdad, ya que todos y todas, (Ö), participan en los procesos decisorios; la justicia; el logro de los intereses generales, ya que cuantas más personas participen en la decisión, más se respetarán los intereses, las identidades, los proyectos y anhelos colectivos.” Hoy día, hay un dilema en relación al proceso de transición de la democracia representativa a la democracia participativa. Se plantea que no es posible la democracia directa, pero que las elecciones y los cuerpos representativos no son la única forma de democracia que corresponde a las sociedades modernas. Desde hace más de  90 años, se ha analizado este dilema y se ha intentado por varios mecanismos dar una respuesta satisfactoria. Francisco Fernández Buey, filósofo y ensayista español, plantea que “una de esas vías fue la de los soviets. Otra, la de las democracias populares. La derrota o el fracaso de esas dos vías ha llevado a una revalorización de la vía  kelseniana”.

En su texto “Esencia y valor de la democracia”, Hans Kelsen hace una amplia reflexión sobre el deterioro de las democracias representativas y parlamentarias. Este texto fue escrito al término de la primera guerra mundial, cuando muchos europeos pensaban que la democracia podía asumirse de varias maneras y que tal vez podían alcanzarse, según Fernández Buey “otras formas de democracia mejores que la que se conoce con el nombre de democracia liberal. El texto plantea la siguiente idea: salvar la democracia moderna obliga a profundizar la democracia representativa, o indirecta, realmente existente, en un sentido participativo. De ahí propuestas como la del referéndum constitucional, el referéndum legislativo y la iniciativa popular, que son medidas repetidamente replanteadas desde entonces”.

La democracia participativa como nueva calidad de convivencia pacífica de los ciudadanos, según Amanda Páez Moreno, hay que analizarla desde cuatro puntos de vista esenciales: “a) La imposibilidad estructural de participación real del ciudadano dentro de la democracia parlamentaria; b) los múltiples contenidos y mecanismos de la democracia real participativa, practicados por la humanidad dentro de toda su historia; c) la falta de desarrollo de la democracia formal y participativa en el socialismo realmente existente y, d) la aportación de las ciencias avanzadas al futuro democrático.”

Así lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 21: “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”. Este proceso de transición de la democracia representativa a la democracia participativa permitirá un mecanismo real de priorización de necesidades por parte de los ciudadanos, lo que impactaría de manera positiva en su calidad de vida.

La democracia participativa, está prescrita en la Constitución Dominicana, en el Art. 22, referente a los derechos de ciudadanía y en otros artículos de la Ley Sustantiva de la Nación. La forma en que los ciudadanos dominicanos pueden hacer uso de su derecho a participar a través del ejercicio de la democracia participativa, se encuentra en nueve proyectos de ley que como Senador de la República sometí al Congreso Nacional.

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